Hostigamiento a la Guardia Civil frente al cuartel de Travesera de Gracia, asalto de la sede del Partido Popular en la calle Urgel, boicot del espectáculo de Jorge Cremades en el teatro Borrás, sabotaje continuado de apartamentos turísticos (fechoría cotidiana a la que tantos barceloneses se han acabado acostumbrado como quien se acostumbra a la llovizna), pintadas amenazantes contra el empresariado en general y contra el empresariado turístico en particular, vandalismo contra vehículos de alquiler privados, ataque contra un autobús turístico de la TMB, apología del terrorismo (que da cuenta, por cierto, de la clase de turismo que merece su absolución); altercado en la pasarela de moda 080, destrozos en escaparates a cuenta de la campaña contra la operación bikini, señalamiento y acoso de propietarios de inmuebles que denuncian okupaciones, encadenamiento en la puerta principal de la Bolsa de Barcelona (con los consiguientes desperfectos), quema de fotos del Rey, regodeo por la muerte de Rita Barberá, criminalización de toda suerte de adversarios políticos (conforme a la querencia ultraizquierdista a erigirse en tribunal de orden público); declaración de solidaridad con los ocho acusados por la agresión de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.
No creo que Ada Colau tenga más responsabilidad que los procesionarios en la crecida en Cataluña de la violencia política. No en vano, si Barcelona en Comú ha hecho de la turismofobia uno de sus principales signos de identidad, el soberanismo, desde la sentimentalidad de Montilla al "sí o sí" de Puigdemont, no ha consistido sino en una llamada permanente a quebrantar la ley. Que en ese légamo germinara la semilla del odio era cuestión de tiempo.
Sea como fuera, para que los paralelismos entre la CUP-Arran y Batasuna no se queden en un recurso estrictamente ornamental, no deberíamos omitir los efectos, ni el precio, de esa misma operación semántica. Urge, en fin, asomarse a la posibilidad de que el Estado aplique al conglomerado filoterrorista catalán el mismo tratamiento que aplicó a Batasuna, esto es, la ilegalización.
Libertad Digital, 1 de agosto de 2017
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