La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha justificado los disturbios del lunes en Gracia, donde una protesta contra el desalojo de una antigua sucursal de Catalunya Caixa acabó con destrozos en el mobiliario urbano. Para ello, ha esgrimido la habitual adversativa, esto es, "condeno la violencia pero sin perder de vista lo que hay detrás", a saber: los "vecinos estaban molestos" y el local okupado era un "espacio social muy arraigado en el barrio" que contaba "con la complicidad del tejido vecinal". De la naturaleza mafiosa de esa supuesta red de complicidades pueden dar fe los empresarios de alojamientos turísticos que sufren el pertinaz boicot de los guardianes de las esencias en forma de pintada (Tourist go home!).
Tal que si los okupas, en efecto, fueran una especie de cuerpo misionero sin cuyo altruismo la vida asociativa o, lisa y llanamente, social, del barrio, pendería de un hilo. Qué sería de los vecinos, ay, sin el taller de bolas chinas que organiza esa jovial muchachada. (Los mil neonazis, por cierto, que el sábado tomaron las calles de Madrid al grito de "¡Españoles no, refugiados sí!" también reclaman para sí el título de benefactores sociales, y al igual que sus heterónimos barceloneses, tratan de imbuir la ficción de que su labor asistencial viene a suplir las carencias de un Estado que, en el delirio de los Ramiro Ledesma, sólo da de comer a proxenetas rumanos y terroristas islámicos.)
La estafa sale a flote en cuanto las primeras litronas surten efecto, pues ese tejido vecinal que tanto les importa es el primero que sale malparado: motos y coches volcados, escaparates de establecimientos reventados, contenedores incendiados... Por lo demás, desde julio de 2015 sabemos que el Ayuntamiento ha costeado el alquiler del local, a razón de 5.500 euros al mes, por orden del convergente Xavier Trias, quien, incapaz de ejercer la autoridad, decidió comprar a los revoltosos. Un inmoral, sí, pero ni una pizca más que los okupas que aceptaron el sobre, y que han visto cumplido el sueño húmedo de cualquier niño bien: la okupación con cargo al Estado, o, por decirlo con menos prosopopeya: el funcionariado alternativo. Todo superpunk, o sea.
Por lo que respecta a Colau, su decisión de no seguir costeando el alquiler del 'banco expropiado', como lo llamaban sus inquilinos sin ningún pudor, dista mucho de ser loable. No en vano, antes que el bien común le movía el afán de agudizar las contradicciones del sistema. Esas que ahora nos han estallado en la cara.
Libertad Digital, 24 de mayo de 2016
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