De entrada no

Borrell, el guardiola del socialismo español, aludió a las características de las bombas GBU-10 Paveway II para justificar que España le vendiera 400 a Arabia Saudí. Se trata, dijo, de proyectiles guiados por láser, “que dan en el blanco con una precisión extraordinaria”. Requerida al respecto, la ministra Celaá añadió una especificación que se adentraba en el ámbito de los instintos morales: “No se van a equivocar matando yemeníes”. Semejante predicción, obviamente, es imposible; de hecho, la contienda que se libra en Yemen se ha distinguido por la crueldad de algunas de las acciones (sin distinción de bandos) y Naciones Unidas ha denunciado en un informe la escasa disposición de Riad y Saná a “minimizar las víctimas civiles”. En ese escenario, cualquier suministro de armamento  es subsidiario de la recta aplicación del kilómetro sentimental, es decir, de un mecanismo tan universal como indefendible. Ahora bien, el cinismo con que el PSOE ha envuelto la operación no debe ocultar el patetismo con que viene empleándose Podemos.

En enero de 2016, el partido morado reprochó a Felipe VI que viajara a Arabia Saudí para solemnizar la contratación de las cinco corbetas que hoy están en el centro del chantaje. “No pensamos que sea razonable”, decía la nota difundida al efecto, “que una institución como la monarquía, supuestamente neutral y que debe promover los valores compartidos por la ciudadanía española, realice una visita oficial a un país como Arabia Saudí”. En lo relativo a la colaboración militar con el régimen, el comunicado exigía “una rendición de cuentas exhaustiva” ante “las acusaciones de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario [sic]”. Asimismo, fueron las huestes populistas quienes, en pútrida alianza con el nacionalismo, convirtieron la concentración que siguió al atentado del 17-A en una protesta ¡antibelicista! contra la Casa Real, con el paseo de Gracia atestado de pancartas que acusaban a Felipe VI de cómplice del terrorismo.

En el caso del podemismo, el paso de los manifiestos a la realidad es un camino de reinserción. Puesto en la tesitura de actuar contra los intereses de la clase obrera local, el alcalde de Cádiz, José María González, optó por insubordinarse ante Kichi. Y así, el 17 de febrero de 2016, en la Diputación de Cádiz, votó a favor de una moción presentada por el PSOE para acelerar el inicio de la construcción de las embarcaciones. No sin antes intentar incrustar en el acta la convocatoria de una manifestación en defensa de los Derechos Humanos y contra el terrorismo.

Kilómetro sentimental, decía. No es exacto. No es que los muertos de allí valgan menos que los de aquí. Es que los muertos de allí valen menos que el desempleo aquí.

Voz Pópuli, 22 de septiembre de 2018